¿QUÉ IMPLICA LA OBLIGATORIEDAD DEL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO?

La huella de carbono, tal y como describimos en nuestra web, es una medida que cuantifica la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos directa o indirectamente por una organización. Su cálculo permite identificar las fuentes principales de emisiones y establecer estrategias para reducirlas, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2021, las empresas que cumplan con los criterios establecidos en la Ley 11/2018 sobre Información no Financiera y Diversidad estarán obligadas a:

• Calcular anualmente la huella de carbono de su organización. Esto implica medir las emisiones de GEI generadas por sus actividades durante el año fiscal.
• Desarrollar y presentar un plan de reducción de emisiones. Las empresas deben diseñar estrategias concretas para disminuir su impacto ambiental, estableciendo objetivos y acciones específicas.

Estas obligaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2025, refiriéndose a las emisiones correspondientes al año 2024.

¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN OBLIGADAS A CALCULAR SU HUELLA DE CARBONO?

Según la Ley 11/2018, las empresas que deben cumplir con estas obligaciones son aquellas que, durante dos ejercicios consecutivos, cumplan al menos dos de las siguientes condiciones:

• Total del activo consolidado superior a 20 millones de euros.
• Cifra de negocio anual consolidada que supere los 40 millones de euros.
• Número medio de empleados superior a 250.

Además, las empresas consideradas de interés público según la legislación de auditoría de cuentas también están incluidas en esta obligatoriedad.

VARIACIONES AUTONÓMICAS EN ESTA REGULACIÓN

Es importante destacar que, además de la normativa nacional, algunas comunidades autónomas han establecido requisitos adicionales o específicos para el cálculo de la huella de carbono.

Algunos ejemplos de esto son:

• Islas Baleares. El Decreto 48/2021 obliga a las empresas con 50 o más empleados y/o a aquellas que facturen más de 10 millones de euros anuales a calcular su huella de carbono, siempre que operen parcial o totalmente en las islas.
• Navarra. La Ley Foral 4/2022 establece el cálculo obligatorio de la huella de carbono para todas las empresas, incluidas las explotaciones agrícolas y ganaderas que operen en esta comunidad autónoma.
• Valencia. La Ley 6/2022 requiere que las grandes y medianas empresas calculen y registren anualmente su huella de carbono, además de implementar planes de reducción de emisiones.
• País Vasco. La Ley 1/2024 obliga a diversas entidades, incluyendo administraciones públicas, explotaciones ganaderas, actividades agrícolas, forestales y pesqueras, instalaciones de gestión de residuos y tratamiento de agua, así como establecimientos industriales y de ocio y turismo, a calcular su huella de carbono y desarrollar planes de reducción.
• Andalucía. Según la Ley 8/2018, las empresas que consumen más de 1 GWh/año están obligadas a calcular la huella de carbono de su organización.

¿Eres uno de los afectados por estas medidas, o buscas calcular la huella de carbono de tu entidad por otros motivos?

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El sector de la construcción es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial. La fabricación de materiales como el cemento y el asfalto, su transporte y la ejecución de las obras generan una cantidad significativa de emisiones de CO₂. Por ello, la medición y reducción de la huella de carbono en estos proyectos es crucial para mitigar los efectos del calentamiento global.

En el caso de las infraestructuras viarias, la construcción y rehabilitación de carreteras representan una parte importante de las emisiones del sector. La inclusión del cálculo de la huella de carbono en estos procesos permitirá una mejor gestión de los recursos, fomentará el uso de materiales sostenibles y contribuirá a la transición hacia una economía baja en carbono.

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA NORMATIVA?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha dado un paso clave en la lucha contra el cambio climático con la aprobación de nuevos criterios para el cálculo de la huella de carbono en la construcción y rehabilitación de los firmes de las carreteras. Esta medida se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector de la construcción de infraestructuras viarias.

El establecimiento de estos criterios es un avance significativo en la alineación de España con las estrategias de sostenibilidad y descarbonización impulsadas por la Unión Europea. En este artículo, analizaremos en detalle qué implica esta nueva regulación, cómo afectará a las empresas del sector y qué beneficios traerá para el medio ambiente y la sociedad en general.

Los criterios mencionados hacen obligatorio el cálculo de las emisiones de CO₂ en dos fases principales:

• Etapa de producto. Se evalúan las emisiones generadas durante la fabricación y producción de los materiales utilizados en la construcción, como el asfalto y el cemento. Esta fase es clave, ya que la industria de materiales de construcción es una de las mayores emisoras de CO₂.
• Etapa del proceso de construcción. Se analizarán las emisiones producidas durante la ejecución de las obras, incluyendo el transporte de materiales, el uso de maquinaria pesada y el consumo energético en la obra.

Además, se promueve el uso de materiales con menor impacto ambiental y de prácticas sostenibles en todas las fases del proyecto.

IMPACTO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR

La implementación de estos nuevos criterios implica cambios importantes para las empresas del sector de la construcción. Entre los principales efectos podemos enumerar:

• Adaptación a nuevos métodos de cálculo. Las empresas deberán incorporar herramientas y metodologías específicas para medir la huella de carbono en sus proyectos, pudiendo requerir inversiones en software y formación de personal.
• Mayor control de las emisiones. Al obligar a calcular las emisiones en cada fase del proyecto, las empresas tendrán que buscar formas de reducir su impacto ambiental, lo que puede llevar a la adopción de nuevas tecnologías y uso de materiales más sostenibles.
• Cumplimiento de requisitos legales y acceso a financiación. Las empresas que cumplan con estos criterios podrán beneficiarse de ayudas y subvenciones enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, el cumplimiento de estas normativas podría convertirse en un requisito indispensable para acceder a licitaciones públicas.

BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La implementación de estos criterios no solo beneficiará al medio ambiente, sino que también tendrá un impacto positivo en la sociedad. Algunos de los beneficios más destacados son:

• Reducción de la contaminación atmosférica. Al disminuir las emisiones de CO₂ en la construcción de carreteras, se contribuirá a mejorar la calidad del aire y reducir los efectos negativos del cambio climático.
• Impulso a la economía circular. El uso de materiales reciclados y de menor impacto ambiental fomentará la economía circular en el sector de la construcción, reduciendo la dependencia de recursos naturales y minimizando los residuos.
• Mayor competitividad. Las empresas que adopten estas medidas podrán posicionarse mejor en el mercado, al cumplir con las crecientes exigencias de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
• Concienciación y transformación del sector. Esta regulación incentivará un cambio en la mentalidad del sector de la construcción, promoviendo la innovación y el desarrollo de soluciones más sostenibles.

Si este es tu caso, en SERFOSA ofrecemos asesoramiento sobre el cálculo de la huella de carbono de tu empresa, e ideamos soluciones adaptadas para cada cliente durante el proceso.

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En este post exploraremos qué son los créditos de carbono, su origen, cómo funcionan, su aplicación en Europa y España, y ejemplos concretos de proyectos que los han utilizado.

ORIGEN DE LOS CRÉDITOS DE CARBONO: ¿QUÉ SON?

El concepto de los créditos de carbono surgió en el marco del Protocolo de Kioto de 1997, un acuerdo internacional que estableció límites a las emisiones de gases de efecto invernadero para los países firmantes. Posteriormente, en el Acuerdo de París de 2015, se reforzó esta iniciativa mediante la promoción de los mercados de carbono como herramienta clave para la descarbonización global.

Así, llamamos crédito de carbono al certificado que representa una tonelada métrica de dióxido de carbono que se ha eliminado, compensado o evitado su entrada a la atmósfera.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS CRÉDITOS DE CARBONO?

El mercado de créditos de carbono opera bajo dos mecanismos principales:

• Mercado Regulado. En este sistema, los gobiernos establecen límites de emisiones para ciertas industrias y crean un sistema de comercio de derechos de emisión. Las empresas que emiten menos de su límite pueden vender sus excedentes a otras que exceden sus cuotas. Un ejemplo es el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS).
• Mercado Voluntario. Aquí, empresas y particulares compran créditos de carbono de manera voluntaria para compensar su huella de carbono. Este mercado permite financiar proyectos ambientales en países en desarrollo y promover prácticas sostenibles en sectores como la agricultura, la energía y la silvicultura.

APLICACIONES EN EUROPA Y EN ESPAÑA

En Europa, el EU ETS es el principal sistema de comercio de carbono, aplicándose a sectores como la generación de electricidad, la aviación y la industria pesada. Este mecanismo ha contribuido a la reducción progresiva de emisiones en la región al incentivar la inversión en tecnologías más limpias.

España participa activamente en este sistema; en base a él ha desarrollado iniciativas para fomentar la reducción de emisiones como:

• Registro de Huella de Carbono. Es un sistema en el que las empresas pueden registrar su huella de carbono y acceder a ciertos beneficios por reducir sus emisiones. Para más información, consulta el apartado de “metodología” de nuestra web.
• Proyectos de absorción de CO2. Iniciativas que promueven la reforestación y conservación del medio natural a la vez que se busca capturar el carbono atmosférico.
• Fondo de Carbono para un Economía Sostenible (FES – CO2). Instrumento de financiación climática para proyectos nacionales de reducción de emisiones mediante la compra de créditos de carbono; se enmarca dentro del mercado voluntario. Asociado a este vienen los Proyectos Clima del Ministerio.

EJEMPLOS DONDE SE HAN APLICADO LOS CRÉDITOS DE CARBONO

El uso de créditos de carbono está en auge en España; algunos casos donde se ha aplicado el mercado regulado de créditos de carbono dentro del país son:

• Convocatoria 2021 del FES-CO2. En 2021, el Ministerio seleccionó 33 proyectos destinados a reducir cerca de dos millones de toneladas de CO₂ equivalente en sectores como la agricultura, pequeña industria, transporte, residencial, comercial e institucional, gases fluorados y residuos. Se emplearon para ello tecnologías innovadoras como sistemas de acumulación de energía solar térmica a través de sales de fusión a baja temperatura, plantas piloto de captura y uso de CO₂, y redes de distrito hibridadas basadas en generación de energía térmica renovable mediante biomasa, hidrógeno y energía solar fotovoltaica.
• Fábrica de Gaviplas (Alfarras). La fábrica de Gaviplas ha recibido 2,2 millones de euros en ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de descarbonización industrial. Este proyecto forma parte de una iniciativa más amplia que busca reducir más de 219.000 toneladas de CO₂ anuales en España.
• Proyectos Clima del FES-CO2. El FES-CO2 impulsó los «Proyectos Clima”; iniciativas que fomentan la reducción de emisiones en sectores no regulados por el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, como transporte, residencial, residuos y agricultura. Los proyectos seleccionados reciben apoyo financiero mediante la adquisición de las reducciones verificadas de emisiones que generan.

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